RIESGOS PENALES MÁS HABITUALES EN LAS EMPRESAS

RIESGOS PENALES DE LA PERSONA JURÍDICA

LOS RIESGOS PENALES MÁS USUALES ENTRE LAS EMPRESAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

 

A LA HORA DE ESTABLECER UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS SE TIENEN QUE ANALIZAR LOS RIESGOS PENALES E IMPLEMENTAR CONTROLES ADECUADOS

 

 

Al  tratar de los riesgos penales en los que pudieran incurrir las personas jurídicas, y que puedan dar lugar a la imposición de las penas previstas en el Código Penal, lo primero que debemos tener en cuenta es el objeto social de la empresa en cuestión.

 

El análisis profundo de la sociedad, el conocimiento de su posicionamiento en el mercado, y la sistemática con la que interactúa en el mismo, su estructura interna, personal, sucursales, etc., es fundamental para este análisis de riesgos: no hay dos empresas iguales aunque se dediquen a lo mismo.

De la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada hasta el momento, con un total de nueve resoluciones que tratan de la responsabilidad penal de la persona jurídica (amén de las sentencias dictadas por Audiencias Previas y Tribunales de Instancia e Instrucción), podemos deducir que los delitos más frecuentes que cometen las compañías son los vinculados a estafas, insolvencias punibles, blanqueo de capitales, fraude a Hacienda o a la Seguridad Social, y delitos contra la salud pública.

 

Si bien son más de 20 los delitos por los que una empresa puede ser castigada penalmente, entre los que también podemos destacar la corrupción, el cohecho y la malversación de fondos, éstos últimos, sobre todo, en el seno de las administraciones públicas.

 

Queda fuera de ese listado los delitos contra los derechos de los trabajadores, no pudiéndose condenar a persona jurídica por este tipo de delitos, habiendo zanjado este tema la Sentencia del  Tribunal Supremo 737/2017, de 23 de febrero (ponente D. Francisco Monterde Ferrer).

 

Otro de los riesgos penales a tener en cuenta, en este caso, desde el punto de vista de esta Letrada, e independientemente de cuál sea el fin social de la empresa, son los delitos por infracción de los derechos de propiedad intelectual.

 

En este sentido, el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de Alicante, ha dictado recientemente una sentencia por la cual impone una indemnización de más de 450.000,00 €, a dos sociedades mercantiles por el uso de un software sin licencia (aspecto éste muy común dentro del mundo empresarial) por no haber adquirido los derechos a través del correspondiente contrato con el fabricante.

 

Además de dicha pena de multa, el conocimiento de la resolución a través de los medios de comunicación, con expresión de la denominación social de las empresas, ocasiona, de forma aneja, un grave perjuicio reputacional a las mismas, que se podría evitar o, al menos, atenuar, con las medidas previstas en el artículo 31 bis.2  y 31 quarter del Código Penal.

El Tribunal Supremo se está tomando muy en serio
la efectiva aplicación de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas.

Si bien la responsabilidad penal de la persona jurídica ya fue introducida en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, aprobándose una segunda reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no contamos con un elenco de jurisprudencia mayor que debata como supuesto de hecho la responsabilidad de la persona jurídica.

Y esto lo debemos achacar a la lentitud de la fase de instrucción previa, que puede llegar a durar incluso cinco años, con lo cual veremos cómo, de manera paulatina, nuestro Alto Tribunal comienza a adentrarse en cuestiones a la culpabilidad penal propia o a la autoría de la persona jurídica, si bien ya se puede afirmar que se está tomando en serio la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

Por lo que respecta a los CONTROLES necesarios para evitar la comisión de dichos delitos, el primero de ellos es la implantación de un programa de compliance que analice los riesgos de cada sociedad en función de los delitos tipificados en el Código Penal, y que forme a sus empleados, comenzando con los altos responsables de la empresa (órgano de administración), en el conocimiento de los tipos penales que pueden ser objeto de imputación en la empresa por su esencia y presencia en el mercado económico, así como introducir un correcto canal de denuncias que serviría de instrumento eficaz para elevar cualquier posible irregularidad contraria a la ética, la legalidad y las normas que rigen en la organización (en Estados Unidos ya hemos visto casos en los que al denunciante se le ha recompensado con una buena suma económica).

 

No se trata simplemente de imponer esos controles para “cumplir con las normas y la legalidad”, sino que va más allá: adaptar la empresa a una auténtica cultura de conducta ética y actuación corporativa.

 

Por ello, la existencia de una cultura de cumplimiento en sí misma no puede acreditar la eficacia del programa para evitar la comisión de un delito, sino que habrá de demostrarse que los protocolos de prevención existentes son suficientes para evitar el riesgo concreto que materialice alguna conducta tipificada.

 

En palabras del legislador: “se lleva a cabo una mejora técnica de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal”.

 

De nuevo finalizo este artículo con una premisa fundamental y de la que deben tomar conciencia las personas jurídicas: ADOPTA A TU EMPRESA DE UN EFICAZ PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, ADELANTANDOTE A LA POSIBILIDAD DE QUE SE VEA INMERSA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE DECLARE SU RESPONSABILIDAD.

 

Por AMPARO RUIZ
COMPLIANZA
JAEN

 

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