PUBLIC COMPLIANCE: QUÉ ES Y A QUÉ SUJETOS AFECTA

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Con este breve post iniciamos una serie sobre Public Compliance o lo que es lo mismo, el Compliance en la Administración Pública y de forma más extensa en el sector público.

 

Podemos entender por sector público a estos efectos el ámbito subjetivo previsto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que viene a ser el siguiente
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
h) Los Organismos autónomos.
i) Las Universidades Públicas.
j) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y
k) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que una serie de características.
l) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.

Podemos afirmar por tanto, de manera inicial, que Public Compliance es el compliance del sector público. Ya me han respondido en otras ocasiones que esta es una definición no exenta de polémica porque la definición de sector público arriba apuntada está pensada a efectos de contratación, si bien considero que nos facilita la comprensión del concepto por lo que no la considero desacertada.

Hace poco asistí a un interesante debate sobre si los Partidos Políticos entraban dentro del ámbito subjetivo del Public Compliance. En mi opinión, rotundamente sí y ello atendiendo a la más famosa de todas las definiciones de partido político, la de Sartori: «cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos». Aquí está el quid de la cuestión: el fin de los partidos políticos no es otro que obtener representación en las administraciones, obtener cargos públicos y a partir de ahí, hacer sus políticas, su ideario, etc.

El fin de un partido político es servir a los intereses generales, al interés público a través de los cargos públicos que presenta a los comicios. Esta teoría finalista es la que ampara en mi opinión que el concepto de Public Compliance deba extenderse a los partidos políticos.

Desde otro prisma, conseguiremos mejor el objetivo principal del Public Compliance, que no es otro que la lucha contra la corrupción en la esfera de lo público si ya desde el embrión, desde el origen de esos futuros cargos públicos, existen medidas de prevención, existe un plan de formación, existe un canal de denuncias, etc, etc. No olvidemos que por desgracia la corrupción en los altos cargos está directamente vinculada con los partidos políticos de los que provienen, no se entiende la una sin la otra hoy día.

En definitiva, todos estos sujetos antes nombrados (Administraciones, entes del sector público, partidos políticos) son operadores jurídicos que interactuan con empresas y ciudadanos, realizan obras y servicios públicos, otorgan subvenciones, imponen sanciones, tienen actividad normativa, y buscan o deben buscar en su actuación el interés público. Huelga, por tanto, defender que es imprescindible que se sometan a los principios de Compliance, dada la trascendencia de la actividad que realizan.

Por Armando Mira
Complianza, expertos en cumplimiento normativo
Murcia

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