ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL

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ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL (INSTRUCCIÓN Y JUICIO ORAL)

 

¿Cómo debe afrontar una persona jurídica un proceso penal? ¿Qué papel puede jugar el programa de prevención de delitos en el procedimiento?

 

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Como para  cualquier persona física,  para la empresa, el proceso penal en lo referente a las fases de instrucción y juicio oral no difiere en síntesis del desarrollo que el mismo conlleva para las personas físicas.

El Tribunal Supremo, ha recalcado esta idea en más de una ocasión. El “iter procesal” de la defensa penal de la persona jurídica debe sustentarse en todos los principios y garantías que en definitiva conforman el proceso penal, en especial aquellos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española, el derecho de presunción de inocencia y la Tutela Judicial Efectiva.

Dicho esto, la persona jurídica investigada se enfrentará en primer lugar al proceso de apertura de la investigación del delito cuando, una vez recibido el atestado, querella o denuncia por parte del Juzgado de Instrucción correspondiente, se proceda a la incoación de Diligencias Previas con el objeto de esclarecer lo máximo posible, los supuestos hechos delictivos.

El programa de compliance ha de aportarse en fase de instrucción

Entramos pues en la llamada fase de instrucción, fundamental no sólo para las partes acusadoras quienes deberán acreditar la existencia del delito o delitos investigados, sino  y especialmente para la defensa, quien deberá  delimitar y diseñar la estrategia de descargo de la persona jurídica y aportar al proceso todos aquellos elementos probatorios  que puedan ayudar al Juez de Instrucción  a evaluar el verdadero alcance de  responsabilidad penal de la empresa. Es aquí, cuando la existencia del llamado por el artículo 31 bis del Código Penal como “modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos”, entra en juego, y de existir ha de ser aportado a los autos.

Es de reseñar que para la determinación del tribunal competente territorialmente, cabe pensar que el lugar de comisión del delito, es el lugar de comisión del delito de base por la persona física, es decir, el lugar de comisión de los hechos de referencia. Ahora bien, si se tiene en cuenta que los hechos o conductas que con mayor rigor determinan la imputación de la responsabilidad a la persona jurídica son los hechos internos de su defecto de organización y su falta de control, entonces cabría cometido el delito en el domicilio social o en su caso, en el lugar donde se encuentre la sucursal, filial o el establecimiento donde desarrolle sus funciones el directivo o el empleado no controlado que cometió el delito.

El “iter procesal” de la defensa penal de la persona jurídica debe sustentarse en todos los principios y garantías que en definitiva conforman el proceso penal

Por ello, en esta fase inicial de instrucción, la defensa de la empresa tiene la difícil tarea de, o bien aportar al proceso dicho programa de cumplimiento en caso de haberse realizado con anterioridad, o bien proceder de inmediato a su elaboración con la mayor diligencia, y, a ser posible, a la mayor brevedad.

En caso de encontrarnos en la primera de las opciones la persona jurídica aspira a lograr la exención de responsabilidad penal (si el programa ha sido realizado de manera conveniente y por los profesionales adecuados), por lo cual la defensa empresarial en esta fase consistirá en aportar el modelo ya realizado y llamar a declarar a cuantas personas hayan trabajado en su elaboración (los llamados oficiales de cumplimiento) de forma que al instructor le quede meridianamente claro que la entidad cumplió con todo lo debido en orden a evitar la supuesta comisión del delito, por lo que procedería su exoneración.

La adopción de medidas tendentes a la implantación de un modelo de prevención de delitos puede cobrar un papel relevante en la estrategia de defensa incluso cuando el procediamiento ya ha sido abierto con anterioridad

En caso de no haberse realizado el programa de “compliance penal”, la solución es más difícil, y sin duda la labor defensiva será de mayor envergadura. No solo hay que realizar un programa mínimamente viable que llegado el caso habrá que defender en el acto de juicio, sino que además deberá de orientarse de manera especial a la evitación de delitos como el investigado.

Por ello, serán objeto de citación judicial tanto las personas encargadas de su diseño y elaboración, como aquellos directivos o empleados en quienes recaiga el peso de las decisiones empresariales de la entidad o tengan la autoridad suficiente como para ostentar facultades de representación de la persona jurídica.

En definitiva, deberá de aportarse toda aquella documentación contable, contractual o de otra índole que resulte de relevancia y pueda afectar al desarrollo de la instrucción penal y será necesario que todos aquellos profesionales que tengan o hayan tenido relación con la persona jurídica en lo que al hecho delictivo se refiere, declaren y sean interrogados por el Instructor en calidad de testigos juramentados de descargo.

La empresa ha de actuar en el proceso penal a través de un representante (persona física) elegida por criterios de confianza y de conveniencia

Que la persona jurídica sea parte en el proceso penal y que, en concreto, tenga el estatus de investigada significa que tiene poder para actuar en el proceso penal, a través de un representante, que es una persona física designada por la empresa guiándose por criterios de confianza y de conveniencia, apercibiendo que la falta de designación  de dicho representante no es un obstáculo que entorpezca el desarrollo del proceso penal contra la empresa.

Una vez realizadas todas aquellas diligencias de investigación que de oficio o a petición de las acusaciones o la defensa sean realizadas en esta fase ( declaraciones, registros en dependencias y acceso a documentación, intervención de comunicaciones, entre otras), con la posibilidad de adopción de medidas cautelares ( clausura temporal de locales de negocio, suspensión de actividades e intervención judicial), se procederá por el instructor a dictar el correspondiente auto de continuación del procedimiento, para que las acusaciones califiquen los hechos, o el dictado de auto de archivo y sobreseimiento provisional o libre.

El procedimiento penal puede suponer un importante coste reputacional para la empresa, por lo que tiene también que estar preparada para minorar dicho riesgo

Pero no cabe duda que llegados a este punto, el desgaste al que se ha visto sometido la empresa es más que evidente, pues tanto los límites de duración de la instrucción como los de la imposición de medidas cautelares, máxime en el ámbito de la delincuencia económica, no son inocuos a la actividad empresarial.

El mal trago de afrontar la fase del juicio oral, aun con la posibilidad de llegar a acuerdos con la acusación a través de la figura de la conformidad penal (amén de la posibilidad de disociar conformidades según la interesante oportunidad del artículo 787.8 de la LECRIM), conlleva además de asumir los costes de la pena a cumplir del artículo 33.7 del Código Penal, los evidentes riesgos reputacionales que se acabarían reafirmando.

 

Por Ruben Veiga
Complianza, expertos en cumplimiento normativo
Galicia

 

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