RAZONES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: LOS MOTIVOS DE SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA

La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito legislativo español ha revolucionado nuestro sistema jurídico, ¿por qué entendió el legislador que resultaba necesario realizar este cambio de paradigma?

 

www.complianza.net

 

Son numerosos los autores y expertos en compliance que han explicado cuál fue el motivo para que en España se abriese la puerta a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La más clara de estas explicaciones, a mi entender, es la facilitada por D. Bernardo del Rosal en el libro “Estudios sobre el Código Penal reformado. Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015”, que indica:

 

“(…) Toda esta evolución nos ubica en lo que se ha venido a llamar autorregulación regulada de las sociedades mercantiles, en las que ya no es suficiente la imposición voluntaria de conducta por parte de entidades mercantiles, sino que las estructuras de autorregulación se condicionan externamente por los poderes públicos para posibilitarlas, fomentarlas y condicionar su desarrollo. Es en este contexto donde cobran sentido los programas de compliance penal, donde se traslada la función de prevención a las propias empresas” (aludiendo a que le resultaría al Estado complejo de desarrollar por sí mismo dichos programas y sobre todo oneroso, con el riesgo de entorpecer la actividad empresarial, pero a cambio se le da la condición de eximente al Sistema de prevención de delitos como si de un premio se tratara).

 

La propia Exposición de Motivos del Código Penal de 2010 nos da la clave de la razón para dicha decisión: “Son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos…).”.

 

Sin embargo, posteriormente a la entrada en vigor de dicha reforma, la OCDE recomendó al Estado español “velar por todos los medios para que se concreten los criterios de «debido control» -así como la carga y el nivel de prueba de esta norma de responsabilidad-, con el fin de garantizar la cobertura de toda la serie de situaciones específicamente previstas en el anexo I de la Recomendación de 2009 (…)”

<< Moralidad y legalidad se solapan y entrecruzan y es el compliance el que pone a cada empresa en su lugar. >>

 

Y de este modo llegamos al punto donde nos encontramos, con una regulación pormenorizada del artículo 31.bis, gracias a la entrada en vigor de la LO 1/2015, donde se especifican los requisitos que debe tener un modelo de prevención de delitos para que tenga el valor de eximente.

 

Pero además de las exigencias internacionales, hay dos razones de política criminal básicas para la redacción actual:

1) Conseguir que los empresarios actúen como policía preventivos en sus organizaciones

2) Conseguir que, cuando a pesar de esta vigilancia, el delito se produce, que el empresario colabore con las autoridades para ayudar a descubrir el delito y a la persona responsable.

 

Todo ello obedece a la actual situación de desbordamiento del Derecho Penal y al gran volumen de casos de delincuencia económica empresarial, que son situaciones que conllevan grandes dificultades para enjuiciar los delitos por parte de los investigadores.

 

En definitiva, las autoridades necesitan la colaboración de los empresarios, para una vez que ha fracasado la prevención del delito, el mismo colabore con su investigación a cambio de ventajas procesales.

 

El problema es que este sistema requiere un suelo procesal propicio, el propio de los sistemas anglosajones, donde el que investiga los delitos es el fiscal, y no el juez instructor, y existe un amplio margen de colaboración a cambio de privilegios procesales (en contra del principio de legalidad español).

 

Sea como fuere, lo que está claro es que sería necesaria una reforma del sistema procesal penal, y que una tercera reforma del Código Penal añada los requisitos que no se han enumerado pero son tremendamente necesarios para que el programa funcione, como puede ser la formación y el diseño del código ético.

 

Cabría preguntarse si se añadirán determinados delitos que se han quedado fuera del numerus clausus, como puede ser la apropiación indebida o los delitos contra los trabajadores, si bien lo que está claro es que se respiran nuevos aires en el mundo empresarial: la ética ha dejado de ser voluntaria para empezar a ser de obligado cumplimiento en las organizaciones.

 

Moralidad y legalidad se solapan y entrecruzan y es el compliance el que pone a cada empresa en su lugar.

 

Por Natalia Cano

Complianza, Expertos en Cumplimiento Normativo

Murcia

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *