SOBRE LA ORDEN HFP/1030/2021, de 29 de septiembre

COMPLIANZA
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SOBRE LA ORDEN HFP/1030/2021, de 29 de septiembre

Los textos de los legisladores europeo y español tienden, cada vez  más, a introducir referencias y requisitos en materia de prevención del fraude.

 

Bajo la denominación “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (en adelante “PRTR”) se conoce el instrumento que ha promovido la Unión Europea para mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como para transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras y destinar recursos a la
investigación y formación.

En otras palabras, estamos hablando de la norma marco que ha determinado las reglas conforme a las cuales se van a repartir y distribuir esos fondos.

En cuanto a la “letra pequeña” del Plan, cualquier organización que aspire a ser beneficiaria tendrá que prestar especial atención a una norma interna (española), dictada por el Ministerio de Hacienda, y por la que se ha
configurado el sistema de gestión de dicho Plan. Esa norma es la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y cuyo texto integro puede consultarse aquí.

En su artículo 2º se enumeran los “principios de gestión específicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, entre los que destacamos el “refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés” (véase, apartado “d”).  Es en el artículo 6º donde se propone un modelo de “plan de medidas antifraude”, que deberá estar implantado en la organización, con unos requisitos mínimos que se detallan a modo de guía.
Pero la Orden no es novedosa en este aspecto: se limita a recoger lo que ya viene siendo una exigencia desde hace años, esto es, que las organizaciones que contraten con la Administración, o se beneficien de ayudas públicas, se ajusten a los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés,
La Orden, en aras a facilitar su cumplimiento, ha previsto la autoevaluación del aspirante a la ayuda pública, facilitando la tarea a través de lo que denomina “test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción”.

En otro de sus anexos detalla una lista de medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses, lo que viene a ser una guía legal o interpretación auténtica del propio legislador que, a nuestro juicio, facilita la tarea.

Y, como pieza de cierre, ha previsto un “modelo de declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia”.

Es obvio que la autoevaluación y la declaración responsable, por sí mismas, no van a ser suficientes, puesto que, una vez sea concedida la ayuda, todo el sistema de gestión será revisado, y cualquier irregularidad o cualquier
incumplimiento podrá tener como consecuencia el reintegro de los fondos.

 

Por José Ramón Sáez
Complianza, expertos en cumplimiento normativo

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