¿Es posible el Buen Gobierno en las PYMES?

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No nos extraña, a estas alturas, que se hable de buen gobierno en empresas cotizadas. Tampoco nos extraña que poco a poco las empresas no cotizadas pero de cierta envergadura estén considerando a las prácticas de buen gobierno como esenciales para su supervivencia, entendiendo que la buena gestión desde el gobierno incluye la mayor transparencia posible en el desarrollo de sus funciones.

Pero, ¿y en las PYMES? ¿Es interesante abordar estos principios desde una PYME? Esta cuestión ya ha sido desarrollada por el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A)  o el Instituto de Empresa Familiar, y como se puede imaginar el lector, la respuesta es “sí”.

La fórmula va a pasar por profesionalizar la empresa, para lo cual existen mecanismos como incorporar profesionales externos con una formación específica adaptada a la organización a la que se incorporan, sustituir los órganos de administración unipersonales por un Consejo de Administración o relevar a los socios fundadores a un Consejo de Familia que dicte las directrices marco de la compañía pero delegue íntegramente su ejecución en ejecutivos no socios.

Se aconseja para mejor implantación la creación de Comisiones internas de auditoría, de nombramientos y de remuneraciones, todo ello dentro del Consejo de Administración.

Y por supuesto ese Consejo de Administración debe elaborar un reglamento que regule la elección  de sus consejeros y las políticas de remuneración, entre otras cuestiones, debiendo también elaborar un  Estatuto del Consejero donde consten los  criterios de independencia exigibles, la edad de jubilación y el nº máximo de mandatos, entre otros aspectos.

En cierta forma se trata de dibujar una estrategia que equilibre las fuerzas, que todos los órganos estén controlados por otro o tengan un contrapoder. El “mal gobierno”, entendido como la errónea toma de decisiones de gobierno, tiene un elemento común en la PYME española:  el falso don de la ubicuidad, esto es, los dueños de la empresa, es decir, los accionistas o partícipes, son los mismos que la dirigen y son los mismos que ejecutan las órdenes de los directivos.

¿Acaso es casual que padres, hijos y primos trabajen en la misma empresa de forma sistemática? Evidentemente no. Con esto no estoy censurando esa práctica en sí sino que se haga sin control alguno, dando igual las capacidades o aptitudes de las nuevas incorporaciones, sin contar con un plan de desarrollo profesional o sin ningún requisito objetivo, se heredan las participaciones sociales de la misma forma que los cargos.

A buen seguro al lector se le pasan por la cabeza decenas de ejemplos, pero no conviene desanimarse, dado que hay excepciones, como empresas que de forma decidida se han desarrollado bajo claros criterios de buen gobierno como el Grupo Farove (La Rioja) y cuyo crecimiento de los últimos años es la mejor recompensa para esta apuesta.

 

Siempre me gusta en mis clases sobre Buen Gobierno en la empresa, extrapolar una frase de Kofi Anan al sector privado, pues en definitiva el gobierno, público o privado, poder es, y por tanto tiene que diligenciar más que nadie su conducta: “Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste.”

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