WHISTLEBLOWER

Los whistleblowers protegidos por el Parlamento Europeo

Los eurodiputados piden a la Comisión una propuesta legislativa para final de año

Buscan garantizar la protección en la UE de las personas que alertan de malas prácticas

 

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un informe formulado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, donde se apela a la Comisión Europea para que se tramite una propuesta legislativa para final de año

Se propone el establecimiento de normas que  garanticen la protección a los “whistleblowers”(personas que alertan de irregularidades o malas prácticas) en los 27 estados miembros de la Unión.

Pese a que el informe aprobado es un documento tiene carácter legislativo, supone el establecimiento de una prioridad para las instituciones europeas, que se ha de llevar a cabo, y que pasará a la fase de aprobación por parte de la Comisión Europea a fin de hacer una propuesta legislativa.

El informe fue aprobado por una amplia mayoría de aproximadamente el 60% de los votos presentes (399 votos a favor, 101 en contra y 166 abstenciones).

La figura del  whistleblower se encuentra muy extendida en otros países, y en Estados Unidos cuenta ya con normativa que lo protege. Se trata de aquellas personas que encontrándose con actuaciones irregulares o sospechosas dentro de una organización deciden darlos a conocer, bien a través de un canal establecido (buzón ético) o directamente a la opinión pública.

En el texto aprobado señala que los whistleblower“actúan en favor del interés público (y) merecen la protección y el apoyo adecuados”.

El informe apunta la necesidad de aprobar normas a nivel europeo que protejan al whistleblower en la revelación de delitos tan graves contra el interés público como la corrupción, la evasión fiscal, las prácticas contra la seguridad alimentaria, los daños al medio ambiente, los errores judiciales, violaciones de los derechos sociales de los trabajadores, etc.

También se propone a los países miembros que desarrollen mecanismos para facilitar que los denunciantes informen a ONG’s o a la prensa, incluyendo también fórmulas de denuncia anónima, a modo de protección frente a represalias.

En definitiva se mencionan múltiples posibles medidas como la previsión de sanciones a las personas que intentan evitar que los denunciantes hablen, establecimiento de medidas para prevenir la represalia, apoyo mediante asistencia financiera y legal al denunciante, apoyo psicológico e indemnización de daños  a denunciantes en procesos civiles, etc.

Otro aspecto interesante, es la invitación a la creación de organismos informadores independientes a nivel nacional para verificar su credibilidad y orientar a los denunciantes.

La concreción de todas estas medidas contempladas en el informe aprobado, sin duda contribuirán al funcionamiento más transparente de las instituciones, y al respeto de los valores de nuestra sociedad.

 

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