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Publicada la Ley de Contratos del Sector Público – Actualidad Compliance

Publicada la Ley de Contratos del Sector Público

El pasado 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo.

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A través de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 la Unión Europea ha concluido un proceso de revisión y modernización de la contratación pública que nació a raíz de la llamada “Estrategia Europa 2020”.

Entre otros objetivos, la Ley persigue una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio. Además, la Ley diseña un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro a fin de mejorar el cumplimiento de los objetivos públicos.

Entre las medidas de lucha contra el fraude y la corrupción (véase su artículo 64) podemos destacar las siguientes:

  • Los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación.
  • Se aumentan los casos de prohibición para contratar modificando la competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo.
  • Se suprime el supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y se crea el Procedimiento Abierto Simplificado, de duración muy breve y tramitación muy sencilla pero sin descuidar la publicidad y transparencia en el procedimiento de licitación.

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

En lo que a materia de compliance se refiere, se confirma que existirá prohibición de contratar, conforme prevé su artículo 71.1 “a”, cuando se trate de personas “condenadas en sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado”.

En el apartado “b”, añade personas que hayan sido “sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto”.

Todavía hay quien se pregunta si resulta útil implantar un programa de compliance.

La Ley entra en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 9 de marzo de 2018.

La Ley dice que no procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar “cuando, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no resultará de aplicación cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1, letra a).

La prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento de su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de contratar acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. El órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la resolución de declaración de prohibición de contratar”.

Si comparamos al texto previsto inicialmente en el proyecto con el que se ha aprobado definitivamente, encontramos un cambio muy importante, porque en aquella versión se decía, literalmente, que podría evitarse la prohibición adoptando medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para “evitar la comisión de futuros delitos o infracciones administrativas”.

Sin embargo, conforme hemos visto, ese “perdón” no resultará de aplicación cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1, letra a), es decir la que deriva de la comisión de delitos.

Dicho de otra manera, que a las empresas les interesa ser proactivas y tener implantado desde ya mismo el sistema de compliance, puesto que, en caso ser condenadas en sentencia firme por la comisión de un delito, aun cuando la implantación “ex post” le pueda suponer rebaja por la aplicación de atenuante, se les va a aplicar la prohibición de contratar sin posibilidad de remisión alguna.

Ni qué decir tiene que para muchas empresas no poder contratar con la Administración les supondrá directamente su cierre por cese obligado de actividad.

La Ley entra en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 9 de marzo de 2018.

 

Por José Ramón Sáez
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