TRANSPARENCIA, COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

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TRANSPARENCIA, COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO EN EL SECTOR PÚBLICO Y EN EL SECTOR PRIVADO

PUBLIC COMPLIANCE

OPINIÓN

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Cada vez es más habitual oír la pregunta de qué relación tiene la Transparencia con el Compliance y el Buen Gobierno, vamos a intentar explicarlo de forma muy clara y sencilla  en unas breves líneas.

Para empezar tenemos que diferenciar por transparencia en el sector público y transparencia en el sector privado, en las empresas.

Dentro del sector público (Vid art. 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para una primera aproximación al concepto) existen desde hace algunos años diversas normas a nivel estatal como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y  Buen Gobierno; a nivel regional, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la CARM; Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía; la futura Ley de participación ciudadana de esta comunidad que verá la luz este año (o eso esperamos) o la reciente Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia y otras muchas otras.

Y relacionado con ello no sólo están las normas, sino todo el tsunami actual de creación de concejalías de transparencia y participación ciudadana, observatorios diversos, Consejos Regionales, etc, etc, ¡¡bienvenidos sean todos ellos!!

Como vemos, el legislador ha unificado en un mismo cuerpo normativo con carácter general los conceptos de Transparencia, Buen Gobierno y participación ciudadana: no existen unos sin los otros.

Hoy día, con las exigencias democráticas tan crecientes por la ciudadanía, por las organizaciones sociales y por la Unión Europea no se concibe que pueda predicarse a favor del Buen Gobierno sin tener unos estándares claros en transparencia y participación ciudadana.

¿Pero cuál es el fin último que persigue toda esta normativa? La lucha contra la corrupción. Basta con estudiar el último barómetro del CIS de marzo de 2017 que sitúa a la corrupción y el fraude como segundo problema principal que existe en España para ser conscientes de a lo que me refiero.

A su vez, en el sector privado existen -desde mucho antes que en el sector público-  obligaciones para con las sociedades relacionadas con la transparencia para dar seguridad al tráfico jurídico, siendo la más importante (y la más denostada) la de publicar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales de las compañías entre otras. En general podemos afirmar que existe la obligación legal recogida en diversas normas de publicar los actos más relevantes de una sociedad, siendo prueba de ello la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles.

En el ámbito del Buen Gobierno hace no tanto que se aprobó la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y en 2015, se publicó por la CNMV un Código de Bueno Gobierno para las sociedades cotizadas, que en buena medida es explorable a sociedades no cotizadas.

Como vemos, el fin último de las distintas obligaciones de transparencia es el de procurar la seguridad del tráfico jurídico, no la lucha contra la corrupción como ocurre en el sector público.

Y es en este punto donde aparece el famoso compliance penal, “artículo 31 bis” de la última reforma del Código Penal (en vigor desde el 01 de julio de 2015), que persigue un fin diferente al que se venía persiguiendo anteriormente, como es la persecución del ilícito penal dentro de las organizaciones y en particular (entre otros) la lucha contra la corrupción en las empresas, contra el fraude, etcétera.

El compliance (no sólo el penal, sino en general) ha venido a dotar a las organizaciones de un sistema, de un estándar de calidad, para que  puedan tener controlados los riesgos de compliance. Provee de herramientas y sistemas a todas las organizaciones, públicas o privadas, para asegurarse de que están cumpliendo todas las obligaciones derivadas del marco normativo de nuestro Ordenamiento.

Y para ello es fundamental que las propias organizaciones sean transparentes y actúen bajo directrices o principios del buen gobierno corporativo.

¿Qué herramientas son éstas?

Tener un sistema disciplinario claro y público para todos los trabajadores.

Tener un código ético público, conocido por trabajadores, clientes y proveedores.

Tener un canal de denuncias efectivo que pueda poner en alerta a los responsables de que se pueden estar infringiendo los cuerpos normativos de la empresa.

Tener implantados controles que eviten o minimicen los riesgos de incumplimiento

Tener un plan de formación integral e integrado en la organización.

Elaborar un manual de proveedores.

Etc, etc, etc.

Finalizo con una reflexión de D. Miguel Nieto, abogado del Estado y Secretario General de Metro de Madrid:

“No debemos dar por sentado que vamos a cumplir todas las normas. Es un riesgo que hay en todas las empresas. Debemos controlar que todo el personal actúa de manera íntegra”.

 

 

Por Armando Mira

Complianza, Expertos en Cumplimiento Normativo

Murcia

 

 

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