RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIENCIAS

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA:  RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ

REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES

 

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El 1 de julio del año 2015 entraba en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se reformaba el Código Penal en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Aunque no ha sido en esta última reforma del Código donde se sitúa el origen de tal responsabilidad,  es sin lugar a dudas donde han quedado establecidas las bases esenciales y los criterios bajo los cuales las entidades  podrían ser condenadas por la comisión de delito con las importantísimas  consecuencias que de ello se derivarían.

La pregunta, casi tres años después de aprobación de la Ley, no es otra que, como y hasta qué punto las empresas, entidades mercantiles y personas jurídicas en general han respondido ante la Justicia por la comisión de delitos y cuáles han sido los pronunciamientos judiciales más relevantes acerca de esta cuestión. Y claro está, y en sintonía con la pregunta anterior precisamos también determinar si esa causa de exoneración establecida en el artículo 31 bis del Código Penal, es decir,  el “modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” ha tenido un papel fundamental a la hora de evitar condenas penales que incluso pueden significar la disolución irrevocable de la sociedad.

Así pues, en lo que respecta al Tribunal Supremo, han sido doce las sentencias dictadas hasta el día de hoy en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo, las cuales de manera sucinta procedemos a resumir:

 

1.- STS 514/2015

STS 514/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, el TS, procede a absolver al acusado de delito de estafa por el que la Audiencia Provincial de Madrid, le había condenado. Asimismo habiendo sido condenada la entidad de la cual resultaba administrador único el acusado al amparo del artículo 31 bis del Código Penal, dicho pronunciamiento se hizo extensivo a la persona jurídica resultando por ello finalmente absuelta, siendo ello la causa de absolución y no una exoneración de responsabilidad criminal producida por la existencia de plan de cumplimiento normativo. No obstante, en dicha sentencia el Alto Tribunal no incide de manera sustantiva en la nueva regulación del Código Penal en cuanto a RPPJ, basando su criterio en meras cuestiones procesales.

 

2.- STS 154/2016

En cuanto a la segunda de las sentencias, la STS 154/2016 de fecha 29 de febrero de 2016, si resulta mucho más didáctica e interesante en lo que a nuestro tema refiere. En síntesis, la Audiencia Nacional condena a tres empresas por su participación como instrumentos jurídicos en la comisión de un delito contra la salud pública, condenando a dos de ellas a su disolución y multa de 775.633.440 € y a la tercera, además de dicha multa a la prohibición de realizar actividades comerciales en España por un plazo de cinco años.

Los condenados personas físicas eran los administradores de dichas entidades, los cuales pretendían introducir una importante cantidad de cocaína en España utilizando para ello los huecos existentes en máquinas de las entidades.

La cuestión de esta importante sentencia, radica en que el Tribunal Supremo se refiere por primera vez al artículo 31 bis del Código Penal en cuanto a la RPPJ, exponiendo como presupuesto de condena dos puntos fundamentales:

“a) La comisión de uno de los delitos integrantes del catálogo de aquellas infracciones susceptibles de generar responsabilidad penal para la persona jurídica en cuyo seno se comete, en este caso el delito contra la salud pública inventariado a tal efecto en el artículo 369 bis del Código Penal;

b) Que las personas físicas autoras de dicho delito son integrantes de la persona jurídica, en esta ocasión como administradores de derecho y de hecho, respectivamente, de la misma.”

En esta sentencia, a pesar de que la inexistencia de planes de cumplimiento normativo por parte de las entidades condenadas no fue objeto de debate (eliminando por tanto posibilidad de aplicar causa de exoneración) el alto Tribunal si pone especial énfasis en los fundamentos de la nueva reforma operada por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo (la cual llevaba pocos meses en vigor) al explicar que de la actuación llevada a cabo por los administradores condenados y por la propia estructura organizativa de las PJ condenadas (independiente de cada una de las personas físicas que la integran) se podía deducir claramente una ausencia de cultura de cumplimiento y respeto del Derecho, “ concretado en la ausencia de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica”.

 

3.- STS 221/2016

Posteriormente en fecha 16 de marzo de 2016, nos encontramos con la tercera sentencia en la materia. STS 221/2016, la cual carece de demasiada trascendencia jurídica en cuanto se revocó la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres que condenaba a la entidad jurídica, por un mero “error procesal”, al no haber tomado el juez instructor declaración individualizada en concepto de investigada a la persona jurídica

 

4.- STS 516/2016

La cuarta sentencia, de fecha 13 de junio de 2016, de nuevo procede absolución de la persona jurídica por causa procesal, al haberse cometido el delito con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

 

5.- STS 516/2016

De nuevo en la quinta sentencia del TS, de fecha 6 de octubre de 2016 nos entramos con una laboriosa cuestión procesal que no arroja demasiado luz sobre la cuestión al quedar el tema de la RPPJ relegado a un segundo plano, de lo que únicamente se deduce lo que ya se sabía. Todos los principios y derechos en los que se sustenta el derecho procesal penal español, son aplicables a las personas jurídicas.

 

6.- STS 827/2016

En fecha 3 de noviembre de 2016, se publica la STS 827/2016 la sexta en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nuevamente nos encontramos con un delito de estafa (parece que dicho tipo va a ser uno de los más característicos de las PJ), en el que se ratifica una condena de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se condenaba a la mercantil (además de a su administrador) como autora penalmente responsable de un delito de estafa procesal en grado de tentativa, a la pena de multa de 382.640 €.

Nuevamente, el recurso interpuesto por la defensa de la empresa no es acogido por la Sala, no existiendo planes de cumplimiento que permitan desvirtuar responsabilidades penales a pesar de haberse cometido el delito por quien dirige la sociedad.

 

7.- STS 31/2017

La séptima sentencia del Alto Tribunal es de fecha 26 de enero de 2017. Se ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia por la que se condenaba por un delito societario a un accionista mayoritario de una mercantil absolviendo a esta por dicho delito. Por tanto, en este caso, el TS no aporta doctrina de relevancia al respecto quedando reducida la incidencia empresarial únicamente a cuestiones de responsabilidad civil subsidiaria.

 

8.- STS 121/2017

Un mes después, el día 23 de febrero de 2017, se publica la STS 121/2017, en la cual, al igual que en la séptima sentencia del Alto Tribunal en esta materia, no se produce una condena a la entidad jurídica a pesar de que se condena al administrador de la sociedad por la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo si resulta de gran relevancia esta sentencia ya que viene a despejar la controvertida cuestión de si dicho delito puede ser cometido por una persona jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, o por el contrario, si se trata de un tipo delictivo que no entraría dentro del “numerus clausus” de delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas.

La sentencia es clara al respecto: “Además, la entidad  no puede ser acusada por este delito a tenor del art. 31 bis CP . El art. 318 (contiene el tipo de delito contra los derechos de los trabajadores) no se remite al art. 31 bis. Lo que hace – mediante una cláusula que está vigente desde la LO 11/2003 y por ello con anterioridad a que se implantase la responsabilidad penal de las personas jurídicas por Lo 5/2010- es permitir la atribución de la pena en tales 4 casos a los administradores y que quepa imponer alguna de las medidas del art. 129 CP a la persona jurídica; pero ésta no puede ser acusada como responsable penal.

Dice así el art. 318 CP : ” Cuando los hechos previstos en los artículos de este título (Título XV, de los delitos contra los derechos de los trabajadores ) se atribuyeran a personas jurídicas , se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código .”

De hecho, ha sido frecuente la crítica doctrinal sobre la no inclusión de los delitos contra los derechos de los trabajadores en el listado de delitos en los que cabe opere el art. 31 bis.”

 

9.- STS 583/2017

En siguiente lugar llega la importantísima novena sentencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. la STS 583/2017 de 19 de julio, en la que se ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016 de 15 de julio por la que se condenaba a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales. Las penas impuestas iban desde la pena de multa de cinco años a razón de 2.000 € diarios, pasando por cierre de locales comerciales y suspensión de actividades hasta incluso la disolución jurídica y mercantil de una de las entidades.

En esta sentencia, el TS marca las pautas establecidas en el artículo 31 bis del Código Penal recalcando los requisitos por los que procede condenar penalmente a una persona jurídica, esto es, actividad delictiva por parte de los administradores y directivos de la entidad, la consecución de un beneficio directo o indirecto por parte de la misma, y, a modo de colofón final, la ausencia de implementación efectiva de un modelo de control y prevención de delitos penales, esto es, plan de cumplimiento normativo.

 

10.-  Audiencia Provincial de Pontevedra

En siguiente lugar citaremos una sentencia no ya del TS sino en este caso de la Audiencia Provincial de Pontevedra donde se condena por delito fiscal al administrador único y representante legal de una sociedad y a la persona jurídica, ostentando esta última la condición de obligada tributaria del impuesto que no declaró.

Por tanto, además de haber un claro beneficio directo fraudulento a favor de la mercantil, la sentencia reitera la ausencia de control sobre el cumplimiento de una obligación tributaria de carácter ordinario cuyo impago no fue controlado.

 

11.- STS 2528/2017

En fecha 21 de junio de 2017, se publica la decimoprimera y penúltima sentencia del TS hasta el momento en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata de la STS 2528/2017.

En este caso, el Alto Tribunal ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca que condenaba al consejero delegado de la entidad como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos, al apropiarse del dinero entregado a la empresa por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, eso sí, en perjuicio de la empresa que se vio abocada a instar concurso de acreedores.

En este caso no hay condena de persona jurídica llegando incluso la entidad a personarse como acusación particular. No obstante no carece de relevancia doctrinal, ya que es un claro caso previsto en artículo 31 bis del Código Penal en cuanto  no ha existido beneficio ni directo ni indirecto para el ente jurídico, más bien todo lo contrario al constatarse un claro perjuicio.

Aunque el delito fue cometido por un representante legal de la persona jurídica, la ausencia de un mínimo beneficio para la mercantil que pudiera derivarse de la comisión del delito  es inexistente. Por ello, no es posible exigir responsabilidades penales a la mercantil.

 

12.- STS 3544/2017

Y para finalizar, nos encontramos con la última sentencia del TS en esta materia hasta la fecha. Se trata de la STS 3544/2017 de 11 de octubre. En este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió una persona jurídica y su administrador único acusados de un delito continuado de lesiones y de un delito contra el medio ambiente. La querella fue interpuesta por los titulares de una finca contigua a un geriátrico, propiedad de la mercantil, por el exceso de ruido procedente de la actividad desarrollada en la residencia geriátrica en especial durante las noches.

En dicha sentencia, el TS ratificó el contenido absolutorio del pronunciamiento de la Audiencia tanto en lo que respecta al administrador como en lo que respecta a la persona jurídica.

No obstante, la importancia de la misma radica entre otras cuestiones a la insistencia que el Alto Tribunal escenifica en cuanto a la aplicación de los principios rectores del derecho procesal penal a las personas jurídicas, citando además jurisprudencia reciente en la materia como es el caso de la STS 154/2016, 29 de febrero : «… el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización». Añadíamos que la responsabilidad de los entes colectivos aparece, por tanto, ligada a lo que la sentencia denomina “… la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos”

 

En definitiva, no cabe si no concluir que la RPPJ no ha hecho sino comenzar su andadura y cada vez serán más frecuentes las sentencias en este sentido tanto en el seno del alto Tribunal  o A. P. como en los Juzgados de lo Penal. Y es claro que, la existencia de implementación en la empresa de un programa de cumplimiento normativo idóneo y eficaz determinará la condena o absolución del ente empresarial y las siempre gravísimas consecuencias económicas y reputacionales que ello implica.

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Por Rubén Veiga
Complianza, expertos en cumplimiento normativo
Galicia

 

 

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