Complianza, expertos en cumplmiento normativo

UN PASO MÁS EN EL COMPLIANCE PENAL ESPAÑOL

La última reforma del Código Penal viene a confirmar que la tendencia legislativa en compliance penal no es una moda pasajera, y que, al contrario, ha llegado al ordenamiento jurídico español para quedarse.

 

Una novedad que se ha consolidado.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas “es un moda pasajera”, esto es lo que piensa el empresario “poco prudente” que entiende que no le pueden obligar a implantar “algo” que no es ni siquiera obligatorio.

Sin embargo, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, y es que la regulación del compliance penal está en continua evolución, puesto que la globalización exige que España se sitúe, al menos, al mismo nivel que sus socios europeos.

Si bien nuestro Código Penal desde al año 2010 ya recogía la responsabilidad penal de la persona jurídica, no es hasta el 2015, cuando se produce el arranque del compliance penal, con la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En ese primer paso se incluyó un catálogo de 26 categorías de delitos por los que se puede condenar penalmente a la empresa, y a continuación se pasó a regular cómo podía ver exonerada o atenuada la empresa dicha responsabilidad en caso de comisión de un delito; todo ello, a través de los modelos de organización y gestión, esto es, cumplimiento normativo o compliance penal.

La última reforma de nuestra norma penal, en consonancia con otras modificaciones relativas a las personas físicas, añade nuevos tipos delictivos y nuevas penas para delitos ya existentes. A continuación hablaremos de las principales modificaciones en lo tocante a la responsabilidad penal de la persona jurídica.

 

Siguiendo las directrices de la Unión Europea.

La reciente modificación del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, con motivo de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de varias directivas europeas de índole penal, ha supuesto la ampliación del catálogo de ilícitos penales de determinados delitos por los que puede ser condenada una empresa y se endurecen las penas, con sanciones económicas más elevadas para las empresas.

 

Ampliación de la persecución del delito de tráfico de órganos humanos.

Se añade al art. 127 bis C.P. la actividad delictiva de tráfico de órganos, como nuevo supuesto por el que se pueden decomisar bienes, efectos o ganancias ilícitas de una empresa.

Y se modifica el artículo 156 bis para recoger más conductas delictivas para la persecución del delito de tráfico de órganos humanos a la par que se agravan las penas en supuestos de menores o víctimas vulnerables por razón de edad, discapacidad, enfermedad o situación.

 

Ampliación de los supuestos delictivos por utilización de información privilegia y manipulación de mercado

Estas conductas ya estaban recogidas en los artículos 284 y 285 del C.P. que también sufren modificación tanto en la penas como en las conductas delictivas, si bien, con la reforma operada, se introducen tres nuevos preceptos, los artículos 285 bis, 285 ter y 285 quater, que en síntesis condena la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores, condenando además conductas de provocación, conspiración y proposición para cometer los anteriores delitos, es decir, la “tentativa” de cometer dichos delitos. Se recoge en todos ellos una agravación específica, cuando el autor del delito fuese un trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulado o centros de negociación.

Ampliación de la lucha contra el fraude y de los delitos de falsificación de moneda.

La reforma penal de estos delitos está orientada a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, y de la protección del euro y de otras monedas frente a la falsificación, para ello se contemplan nuevos tipos delictivos y se amplían las sanciones a nuevos supuestos.

Dicha reforma amplia además la responsabilidad penal de las personas jurídicas a todos los delitos de malversación, es decir los comprendidos en los artículos 432 a 434, para lo cual se introduce un nuevo ordinal 5º en el artículo 435, que hace extensivo estos delitos a la empresa con nuevas y más elevadas multas.

 

Ampliación de los delitos de terrorismo.

Hasta ahora la responsabilidad penal de la persona jurídica se concretaba en los delitos de financiación del terrorismo, y con esta reforma se añade la comisión por la empresa de cualquiera de los delitos de terrorismo contemplados en el Código Penal (artículos 573 al 580 bis, incorporado con la reforma), a los que se añade la falsedad documental con fines terroristas y el viaje con fines terroristas.

 

Por cuanto antecede, se evidencia como digo al principio, la continua evolución de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, que ya no es solo una realidad, sino que va en aumento siguiendo el camino marcado desde Europa.

 

Por Inmaculada Sánchez
Complianza, expertos en cumplimiento normativo

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