ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

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ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

A cualquier persona le habrá sorprendido la noticia aparecida recientemente los medios de información acerca de los rescates en el Mediterráneo llevados a cabo por personas de ONG’s que han terminado siendo investigadas penalmente por delitos relacionados con la inmigración ilegal. 

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Hay un viejo aforismo que dice algo así como “que el Señor nos libre de las personas con buenas intenciones”.

En lo relativo al rescate de personas a la deriva, más que de buenas intenciones podemos hablar de una obligación jurídica, puesto que el artículo 98 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar fija el deber de cualquier capitán de un barco, siempre que pueda hacerlo, de auxiliar a las personas que están en peligro.

El conflicto y la frontera con la legalidad surge cuando la situación de peligro en realidad es el fruto de una estrategia de las redes que explotan la angustia de refugiados (de guerra, económicos o políticos) que, desgraciadamente, están tapizando el lecho del Mediterráneo con sus cadáveres.

Ya se sabe: las mafias los llevan cerca de la orilla y los dejan a la deriva, para que los rescaten personas bien intencionadas como, por ejemplo, estos bomberos sevillanos, que están acusados por las autoridades griegas de delitos que pueden acarrearles hasta 10 años de prisión.

Cuando hay un flujo regular, cuando la situación es perfectamente previsible, ¿hasta qué punto el rescatador se convierte en cómplice o cooperador necesario de esa inmigración ilegal? Parece ser que esta es la tesis de la fiscalía griega. ¿Y qué le puede pasar a la organización para la que prestan sus servicios?

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece en su artículo 10 la responsabilidad de las personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

Legislación española

Por su parte, la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre incluye el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores, como delitos en los que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse según la ley penal española.

Al respecto, la ley española tipifica como delito (artículo 318 bis Código Penal) la acción de ayudar intencionadamente a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, conducta que se castiga con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Y añade: los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

Nuestro código penal no distingue, sin embargo, entre lo que es una ayuda humanitaria puntual o, por el contrario, la que pueda constituir el fin social de la propia organización, precisamente constituida para el rescate de este tipo de inmigrantes.

Detalle que no es nimio, porque este delito está incluido en el catálogo de los que pueden conllevar la responsabilidad penal de la persona jurídica que, en estos, como tal, puede ser una organización no gubernamental (ONG).

Otros casos

Hablamos de una cuestión que parece que va a ser recurrente, puesto que el mes pasado las autoridades italianas mantuvieron retenido el barco de “Open Arms” durante un mes en un puerto de Catania y, aunque dejaron que zarpase de nuevo, siguen investigando las acusaciones contra algunos de sus miembros por supuesto tráfico de personas.

Parece ser que este tipo de activismo molesta a las autoridades y no hay duda de que se les ha puesto la proa, por utilizar un símil marinero, con órdenes muy claras de dar una respuesta penal al problema.

Por tanto, las “buenas intenciones” (en este caso, la de la ayuda humanitaria) deberán estar perfectamente documentadas y acreditadas, de manera que se pueda eliminar cualquier sospecha de que detrás de ese bienintencionado activismo se esconda una actividad con ánimo de lucro.

Y, atención a este dato, el lucro no se refiere ya al que se obtenga de cobrar peaje, indemnización o precio por el rescate (algo descartado por la naturaleza de los hechos), sino que podría pensarse en cuotas de socios, ayudas, subvenciones y demás fondos por los que las ONGs también compiten.

 

Por José Ramón Sáez
Complianza, expertos en cumplimiento normativo
Murcia

 

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