EL PAPEL DE LA ACUSACIÓN ANTE EL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL

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EL PAPEL DE LA ACUSACIÓN ANTE EL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL

 

En el presente artículo analizamos la actividad de la acusación en un procedimiento penal ante la presentación del modelo de prevención de delitos aportado por la defensa.

 

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Tenemos una empresa en crecimiento. Convenientemente asesorados decidimos elaborar un programa de cumplimiento normativo y ponerlo inmediatamente en práctica.

Para ello, y con la finalidad de evitar los irreparables perjuicios que una condena penal por delito le ocasionaría a nuestra entidad, procedemos a la implementación de las medidas de control diseñadas en nuestro programa reduciendo al máximo los posibles riesgos delictivos. Hemos cumplido los requisitos del artículo 31 bis, y nuestra empresa está blindada…

Pero todo tiene un porqué, y como la sociedad ya conoce de sobra, el derecho nace viejo y siempre es mejor prevenir que lamentar. Y la implementación de los programas de “compliance” radica en esa premisa.

Pongámoselo imposible o como mínimo tremendamente difícil a quien quiera conseguir la imposición de una condena penal por delito a nuestra empresa. El Ministerio Fiscal y la acusación particular en su caso se tendrán que afanar al máximo por lograr dicho objetivo.

Pero vayamos por el principio resolviendo una serie de cuestiones enfocadas esta vez, desde el punto de vista de la acusación.

1. ¿Cómo surge una acusación por delito contra una persona jurídica?

De nuevo tenemos que dirigirnos al artículo 31 bis del Código Penal. A pesar de todos los intentos realizados por nuestra entidad para evitar la comisión de delitos, nada es imposible y podemos encontrarnos ante alguno de los supuestos contemplados en el precepto y la empresa se encontraría inicialmente como investigada en los primeros coletazos del procedimiento.

Puede ser el caso de un directivo que saltándose las medidas de control implementadas comete un delito del que él y la persona jurídica saca beneficio. “Salta la liebre”  y se inicia la investigación.

En esta primera fase, como en cualquier procedimiento penal, el Fiscal o la Acusación Particular tratarán de encontrar los indicios necesarios solicitando al instructor la práctica de todas aquellas diligencias necesarias para ello.

El objetivo es que el procedimiento derive en la siguiente fase y se presente acusación formal contra la persona física y jurídica. Será ya en este momento cuando la defensa deberá de aportar de existir el programa de cumplimiento, y hacerlo valer como tal para lograr la exención de responsabilidad criminal o en su caso atenuar esta lo máximo posible.

 

2. ¿Cómo se desarrolla la actuación de la acusación una vez constada en fase de instrucción penal la existencia del plan de cumplimiento?

 

La parte acusadora buscará a lo largo de todo el proceso (incluyendo el juicio oral) la consecución de tres objetivos:

  1. a) Probar la existencia de comisión de delito por parte de la persona física.
  2. b) Probar la existencia de beneficio directo o indirecto como consecuencia de la comisión de dicho delito por la persona jurídica.
  3. c) Y, para el caso de que exista programa de cumplimiento y de prevención de delitos susceptible de conseguir una eximente o atenuante de responsabilidad penal para la persona jurídica, probar la ineficiencia del mismo o su insuficiencia, o bien la ausencia de implementación efectiva del programa elaborado.

 

Por ello, la acusación “atacará” a todos los sujetos activos que han participado en la realización del programa y verificará si los miembros de la entidad han atendido a las indicaciones del mismo y se han aplicado y mantenido las medidas de control diseñadas.

Por tanto, la acusación no escatimará esfuerzo a la hora de pedir prueba testifical de todo aquel que pudiera haber tenido una mínima participación en todo ello, además, claro está, de solicitar toda la documentación necesaria para verificar que el programa no es un mero “folleto informativo”.

Al igual que el autor del programa, el Ministerio Público se adentrará en las tripas de la organización para verificar si se cumplen los mínimos requisitos en función de la naturaleza y consecuencias del delito.

No obstante, es la defensa quién, como medio aportado en descargo, deberá asimismo acreditar la validez e implementación real del programa de cumplimiento ya desde el inicio de la fase instructora.

 

 

3. Cambio de fase: La acusación formal por delito.

 

Una vez que han sido agotadas las posibles diligencias investigadoras si la acusación a través de las mismas ha conseguido delimitar la existencia de indicios de comisión delictiva, el Juez instructor dicta auto configurando el cambio de fase.

Para el caso de que no se declare en este momento la eximente de responsabilidad penal, o bien el plan de cumplimiento solo pueda otorgar una atenuante (aún siendo la misma cualificada), la parte acusadora- valga la redundancia, acusa. Acusa por delito a la persona física y a la persona jurídica delimitando los hechos, calificándolos y solicitando una pena en función de las circunstancias y naturaleza del supuesto delito en cuestión.

También en este llamado escrito de conclusiones provisionales o de acusación, deberá asimismo enumerar las posibles circunstancias modificativas de la responsabilidad que a su entender concurren, entre ellas la existencia de plan de cumplimiento normativo.

Este momento procesal (la llamada fase intermedia) tiene una importancia fundamental, ya que en dichos escritos la causa va a quedar delimitada por lo menos en cuanto a máximos se refiere. El juez no va a poder condenar más allá de lo solicitado por la acusación por lo tanto, esta pedirá la imposición de la pena más alta en función de las concretas circunstancias, además, claro está, de solicitar todas las responsabilidades civiles derivadas del ilícito, de las cuales persona física y jurídica responderán de manera solidaria en caso de condena.

Por último, en lo que a esta fase se refiere, en dicho escrito además las acusaciones propondrán los medios de prueba que se practicaran en juicio, desde prueba documental, testifical, peritajes, entre otros, muchos de los cuales irán referidos al plan de cumplimiento normativo.

 

 

4. El juicio.

 

Finalmente llegamos al momento culminante, el acto de juicio. Allí comparecen las partes y se reproducen las pruebas. Es papel de la acusación será configurar la prueba de cargo de entidad necesaria para justificar una sentencia condenatoria.

Para ello en primer lugar deberán de acreditar la comisión de delito por parte de la persona física. Deberán acreditar que los hechos alegados en sus escritos de acusación han ocurrido tal y como manifiestan, y que los mismos incurren en delito.

Deberán asimismo probar y acreditar el vínculo de la persona física con la persona jurídica, es decir, que el delito ha sido cometido o bien “en nombre o por cuenta de la entidad” o “en el ejercicio de sus actividades sociales”, según el cargo ostentando por el acusado en la empresa.

Y por último, deberán asimismo acreditar la existencia de beneficio directo o indirecto para la entidad. Presupuestos necesarios para la obtención de sentencia condenatoria.

Ahora bien, la existencia de programa de “compliance” será un punto determinante en juicio tanto para las acusaciones como para las defensas. Si bien es esta última quien tiene que aportar el programa con todo lo que ello implica, será la acusación quien deba probar su ineficacia o carencia de los requisitos mínimos necesarios.

En este punto cobra especial importancia la figura del oficial de cumplimiento de la entidad quien se verá sometido a un arduo interrogatorio donde su conocimiento del plan de cumplimiento y de su implementación efectiva será fundamental.

Un programa de cumplimiento no adecuado quedará expuesto cuando el Fiscal pregunte a los miembros del consejo de administración por ejemplo sobre partes del mismo que debieran conocer pero no han sido correctamente implementadas, o bien, simplemente ignoradas.

No obstante, ante un programa bien realizado y con una implementación correcta y real y que evidencie la cultura de cumplimiento de la empresa, la parte acusadora,  tanto en el caso del Ministerio Fiscal como en su caso las Acusaciones particulares se verá obligadas a aceptar la consecuencia del mismo: Reconocer la circunstancia modificativa eximente de responsabilidad criminal si procede y declarar la exención de responsabilidad de la persona jurídica, o bien, la circunstancia modificativa atenuante con la importantísima reducción de penalidad que su verificación implica.

 

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Por Rubén Veiga

Complianza, expertos en cumplimiento normativo

Galicia

 

 

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