SINOPSIS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL

31bis

SINOPSIS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL

Un breve apunte sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal Español

 

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Probablemente existan pocos preceptos del Código Penal que – por lo menos en los últimos dos años- hayan sido analizados y estudiados con tanto detenimiento como el consabido artículo 31 bis del CP. Y no es para menos. Reformado por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo (en vigor desde el 1 de julio de 2015), en síntesis lo que regula nuestro precepto es ni más ni menos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Si, en España al igual que en otros países tanto de la UE como en especial los países anglosajones, una persona jurídica, es decir, empresas, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, ONG, entidades deportivas, etc, pueden ser responsables de la comisión de delitos penales por lo que podrían ostentar la condición de sujetos investigados en un procedimiento penal y posteriormente en caso de existir indicios racionales de actividad delictiva, comparecerían en juicio en concepto de acusadas.

Y, en caso de resultar condenadas, se les impondrían una serie de penas que oscilan entre importantes multas, cierre de locales, suspensión de actividades hasta la más grave de todas ellas, la disolución irrevocable de la propia sociedad.

Por ello, el 31 bis no se trata de un artículo que el responsable, administrador o consejo de administración de una empresa pueda tomar a la ligera ya que podría suponer la aparición de un daño imposible de subsanar que implique en síntesis el cierre definitivo de la entidad.

¿Cuál es el contenido del art. 31 bis?

Pues bien, pasando a analizar el precepto en cuestión, en primer lugar debemos de situarlo dentro del articulado del propio Código Penal. El 31 bis, se encuentra en el Título II del mismo: “De las personas criminalmente responsables de los delitos”.

Hablar pues, de personas jurídicas en esta parte del CP implica que las mismas son susceptibles de cometer actos criminales y sufrir como tal las consecuencias establecidas.

No obstante, la pregunta es la siguiente:

¿Cómo y bajo qué circunstancias puede responder penalmente una persona jurídica?

 

Esto es precisamente lo que nos aclara el artículo 31 bis, que a continuación nos disponemos a analizar.

Dicha cuestión se explica en el apartado primero de los cinco que componen el precepto donde de manera básica se regulan aquellas situaciones en la que una empresa, entidad, corporación, o en definitiva persona jurídica, responderá por la comisión de un delito.

Es preciso aclarar en primer lugar que existe una lista “numerus clausus” de delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, es decir solo podrían responder penalmente por la comisión de esos delitos en concreto.

Así pues, el art. 31 bis aptd. primero regula dos tipos de situaciones:

  1. a) Aquellos delitos que han sido cometidos por quienes ostentan en el marco de la persona jurídica facultades de control, organización o decisión en la empresa, tales como administradores, responsables legales o altos directivos. Siempre y cuando actúen en nombre o por cuenta de la entidad.
  2. b) Cuando el delito ha sido cometido en el ejercicio de las actividades empresariales por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas anteriormente mencionadas, han podido delinquir debido a la ausencia grave del deber de vigilancia o control por parte de estos. Es decir, cuando el delito es cometido por cualquier empleado de la entidad sin especiales facultades de decisión o control en la empresa debido a la inexistencia de mecanismos de vigilancia que hayan permitido detectar la actividad delictiva.

Como vemos, el Código realiza una primera clasificación dependiendo de la jerarquía en la entidad que ostente la persona física autora del delito. No obstante, tanto en uno como en otro caso es necesario que se produzca un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica consecuencia de la actividad delictiva.

Ante la falta de tal presupuesto no se podría condenar penalmente a la persona jurídica aunque lógicamente si al autor material del delito lo que podría conllevar en su caso la aparición de responsabilidad civil subsidiaria de la empresa pero no su responsabilidad penal directa.

Establecidos estos presupuestos básicos en el apartado primero del 31 bis CP, nos encontramos ante el importantísimo apartado 2, que establece los casos de exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así que la cuestión en este momento es diferente.

¿Realmente una persona jurídica puede llegar a evadir su responsabilidad penal en caso de producirse cualquiera de las dos situaciones anteriores?

 

La respuesta es afirmativa. Se puede conseguir una causa de exoneración. Y no es otra que la podríamos denominar “cultura empresarial de respeto al derecho”, que el CP nos la concreta en la existencia de planes de cumplimiento normativo, en palabras del 31 bis: “modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”

A dicho respecto de nuevo tenemos que irnos a la clasificación “jerárquica” que establece el Código en cuanto a los autores personas físicas del delito, ya que los requisitos exigidos para lograr la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica en uno o en otro caso serán diferentes, no obstante el presupuesto indispensable en ambos casos es la existencia de programa de cumplimiento efectivo e implementado, sin el cual, en caso de condena se ejecutará la pena impuesta con todas sus consecuencias económicas y reputacionales.

Por último, a raíz de lo anterior nos podemos plantear una última cuestión que de manera esquemática contesta nuestro artículo en su apartado quinto,

¿Cómo tiene que ser un plan de cumplimiento normativo?

A dicho respecto, el CP establece una serie de requisitos que en definitiva pasan por analizar  y estudiar la actividad empresarial de manera íntegra identificando los posibles riesgos y focos más sensibles a la comisión de delito y estableciendo mecanismos de control periódicos que minimicen al máximo dichos riesgos, así como la implantación de un sistema disciplinario que permita sancionar a quien contravenga el plan establecido. En definitiva, diseñar el plan, implementarlo, ejecutarlo, supervisarlo y modificarlo cuando así sea necesario.

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Por Pablo Romero Bedate

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