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EL ABOGADO COMO COMPLIANCE OFFICER – INFORME DEL CGAE

EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA ANALIZA LAS FUNCIONES DEL ABOGADO COMO RESPONABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EL INFORME DESACONSEJA QUE LAS FUNCIONES DE COMPLIANCE OFFICER SEAN EJERCIDAS POR LOS ABOGADOS INTERNOS DE LA EMPRESA

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El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha publicado el informe encargado a su Comisión Jurídica acerca de la actividad de los abogados como responsables de cumplimiento normativo (compliance officer) de las personas jurídicas.

En dicho informe se aborda la problemática sobre las funciones que debe asumir el compliance officer en relación a los deberes del abogado en un programa o modelo de prevención de delitos.

El abogado como responsable de cumplmiento normativo.

Según el informe el compliance officer ha de ser un profesional (abogado), ya que éste ha de desempeñar “una función de control y de verificación objetiva del cumplimiento del ordenamiento por esa misma empresa”.

Es obvio, que si el responable de cumplimiento tiene que llevar a cabo dichas funciones, ha de ser experto conocedor de cuáles son los requisitos legales exigidos en cada faceta de actividad de la empresa, de ahí la recomendación de que se trate de un abogado.

 

Independencia

Según se desprende del informe, el factor determinante que ha de ostentar el profesional encargado de velar por el funciomanimento efectivo del modelo de prevención de riesgos penales es su independecia.

De ahí que el profesional más indicado para ejercer como compliance officer sea un  abogado. Con ello, el informe hace referencia a los deberes deontológicos de la profesión, entre los cuales se encuentra recogida la independencia profesional (art.2 del Código Deontológico) “el abogado tiene el derecho y el deber de preservar su independencia frente a toda clase de injerencias y frente a los intereses propios o ajenos”.

 

Previsible colisión con el secreto profesional y conflicto de intereses del abogado interno.

Tras valorar positivamente que sea un abogado, el profesional que desempeñe tales funciones dentro de la empresa; el informe, establece la premisa o recomendación de que se trate de un abogado externo e independiente, y no el letrado corporativo.

Las conclusiones del informe son las siguientes:

1) La elaboración de los planes de prevención de riesgos penales constituye una manifestación del poder de autonormación que tienen las personas jurídicas, procedimiento de elaboración en el que resulta más que recomendable la presencia de abogados.
2) La implementación y aplicación de los planes de prevención requiere la combinación de actividades de interpretación, evaluación y decisión jurídicas que se corresponden naturalmente con las que de ordinario realiza un abogado en su tarea de asesoramiento y orientación a las personas jurídicas.
3) La figura del responsable de cumplimiento normativo o “compliance officer” exige singulares caracteres que, aunque pudiera ser cubierta por ciertos directivos internos o responsables externos específicamente designados para ello, en el caso de que sean abogados conlleva privilegios y garantías adicionales derivadas del estatuto personal del profesional de la abogacía.
4) La libertad e independencia legalmente innatas a la profesión, el secreto profesional, la confidencialidad, la posibilidad de no declarar y las demás consecuencias de la intervención de un abogado constituyen garantías adicionales a las funciones ordinarias de un responsable de cumplimiento normativo que refuerzan la conveniencia de la intervención del abogado en el ejercicio de tales funciones.
5) La agregación de las conclusiones anteriores conduce a la apreciación de que, siendo muchos los llamados a desempeñar tareas de “compliance officer” en las personas jurídicas, los abogados gozan de una preeminencia especial en ser los elegidos para asumir dicha tarea.

 

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